El Gobierno ha decidido aplazar una semana el debate y votación en el pleno
del Congreso del Real Decreto Ley de reforma del sector de la estiba,
inicialmente previsto para este jueves 9 de marzo, según anunció el
ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
Con esta medida, Fomento pretende dar una oportunidad a la negociación y al acuerdo entre patronal y sindicatos sobre
la reivindicación de que se garantice el mantenimiento del empleo tras
la reforma de los estibadores, que tienen convocados paros en los
puertos a partir del viernes. No obstante, el Ejecutivo tampoco cuenta
con apoyo de otros grupos para aprobar el texto legal.
El ministro considera que en esta semana "hay margen
más que suficiente" para que el sector alcance un acuerdo sobre el
mantenimiento del empleo, dado que además el Gobierno ha manifestado su
voluntad de colaborar con el mismo.
"Si hay voluntad de llegar a acuerdo, y si lo que de
verdad buscan es la garantía del empleo y no otras cosas como mantener
el antiguo 'statu quo' del sector, hay margen más que suficiente en esta
semana para lograrlo", indicó De la Serna que, en ese caso, considera
que los grupos parlamentarios del Congreso también deberían manifestar
su apoyo para convalidar la reforma, a la que urge Europa.
Por su parte, eurodiputados de Podemos y de Izquierda Unida remitieron este jueves una carta a la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, en el quecriticaron que el proyecto de reforma del sector de la estiba en España "no respeta la autonomía de los interlocutores sociales ni su derecho fundamental a la negociación".
Señalan, además, que la liberalización de la estiba
"se traducirá en una caída de la productividad de los puertos españoles y
en un deterioro de las condiciones de trabajo en los mismos, en
particular en lo que se refiere a las normas de salud y seguridad".
De no llevarse a cabo la reforma como muy tarde el próximo 24 de marzo, las multas
de 21,5 millones de euros que ya pesan sobre España por esta cuestión
podrían verse incrementadas en con 134.000 euros diarios si no se aprueba la modificación legal reclamada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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